Autor: Dr. Enrique López Mora
Uno de los fundamentos del Estado es proporcionar seguridad colectiva que permita el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo pleno del individuo y de la sociedad. No menos importante es el mantenimiento del mayor nivel posible de bienestar biopsicosocial, que conocemos como salud. Es por ello que en mayor o menor grado, todos los países emiten directivas y sistematizan normas en materia médica orientadas a la prevención, tratamiento y limitación de las secuelas producidas por las enfermedades.
El sistema de salud mexicano ha permitido incorporar a los servicios médicos a grandes grupos de la población. Esta tarea ha requerido del esfuerzo constante de los gobiernos y de muchos profesionales que integran al sector.
Son muchos los éxitos que se han obtenido en esta materia destacando, entre otros, la creación de instituciones de seguridad social (por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y los servicios médicos para las fuerzas armadas, por citar algunas), la fundación y operación de los Institutos Nacionales de Salud (como nuestro Instituto Nacional de Cardiología) encargados de la asistencia a los enfermos, la investigación en temas médicos y disciplinas relacionadas, así como la formación de recursos humanos.
También deben destacarse entre los aciertos del sistema de salud mexicano la atención por niveles de complejidad en centros de salud, hospitales generales y de alta especialidad, así como la garantía de atención de situaciones graves (denominadas como catastróficas) en los hospitales de la Secretaría de Salud, a través de sistemas de financiamiento como el Seguro Popular.
Sin embargo, mucho queda por hacer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país se encuentra por debajo de los niveles de inversión y gasto recomendados internacionalmente, ya que para el año 2015 se destinaba a este rubro tan sólo 5.9% del producto interno bruto (PIB). En ese mismo año se reportó que el número de personas con derecho a la seguridad social llegó a 98 millones, lo cual corresponde a un 82 % de la población, mientras que en 2002 se otorgaba este servicio a 40 millones de personas, es decir, a 41% de la población general. Dicho de otra forma, se ha incrementado el número de usuarios sin la nivelación correspondiente del presupuesto.
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